A partir de noviembre, en Francia
circularán vehículos privados equipados con un sistema para detectar las
infracciones. Una implementación que despertó voces a favor y en contra.
¿Medida para acabar con los excesos o modo de aumentar la recaudación?
La velocidad excesiva o
inadecuada constituye una problemática grave y que se repite en cada rincón del
planeta. En Argentina, por ejemplo, aproximadamente la mitad de las
infracciones son como consecuencia de sobrepasar los límites permitidos en el
velocímetro, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la
causa de una de cada tres víctimas de accidentes de tránsito en el mundo.
Con el
tiempo, los controles fueron creciendo en paralelo con el incremento de esta
conducta al volante. El número de multas aumentó mediante la multiplicación de
radares instalados en determinados puntos o con patrullas policiales
rondando por las calles. Pero ahora, en Francia implementaron una medida
diferente. El gobierno de Emmanuel Macron decidió privatizar los radares
móviles.
La medida consiste
en un nuevo procedimiento de denuncia. Conductores particulares harán el
trabajo que también realizan los agentes oficiales, con radares móviles que
serán operados de forma autónoma por las autoridades desde vehículos que lleven
el equipamiento camuflado. Por ello, los choferes recibirán una remuneración.
Tras un período de pruebas
de varios meses (que comenzó en febrero) en la región de Normandía, el
plan se extenderá a todo el país. Será oficialmente puesto en práctica el
próximo noviembre. La novedosa red de vehículos privados iniciará con 26
unidades, pero irá engrosando la flota hasta llegar a unos 400 coches
camuflados distribuidos por el país galo.
La medida
fue recibida con discrepancias. Despertó críticas de los usuarios y
asociaciones automovilistas, que señalaron un afán recaudatorio detrás de
ella. Según un estudio realizado
por la revista especializada Auto Plus, de los dos
millones de denuncias por exceso de velocidad registradas durante 2016 en
Francia, con los vehículos camuflados se alcanzarían los ocho millones por año.
En concreto, la nueva
norma reportaría a las arcas públicas ingresos por encima de los 357 millones
de euros, debido a que se elevaría el número diario de vigilancia
efectiva, pasando de un promedio de una hora y 13 minutos por jornada de
los agentes que patrullan con el radar de velocidad operativo, a las seis horas
con el nuevo sistema de conductores civiles.
Otro dato
que calcularon fue el gasto de capital estatal. Estimaron que la inversión
rondará los 53 millones de euros. Una cifra correspondiente por la adquisición
de coches, instalación de los radares, gestión de las denuncias y remuneración
de los conductores privados. Por último, las autoridades prevén alcanzar una
rentabilidad del 85%.
Fuente:
Infobae
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