La discusión laboral configurará un aspecto central para que Argentina
capitalice las oportunidades de los tiempos que corren
En
mayo, asumió Emmanuel Macron la presidencia de Francia. Dos hechos marcaron su
agenda y prioridades: en Francia existen más de 3,5 millones de personas
desocupadas. El desempleo supera el 10% (muy por encima al promedio de la
OCDE), y el desempleo juvenil alcanza el 25%. Por otro lado, Francia posee un nivel
de competitividad sensiblemente menor que el de vecinos como Alemania o Reino
Unido, y una de las principales razones resulta la rigidez de su mercado
laboral.
Ambas
situaciones conviven en un contexto de intensa y acelerada revolución
productiva, donde el crecimiento está impulsado por la innovación y la
constante destrucción creativa. De manera vertiginosa emergen nuevos productos
que destruyen viejas empresas y modelos de negocio, y nacen nuevos puesto de
trabajo mientras que otros son reemplazados por penetrantes procesos
automatización.
En este
escenario, Macron decidió poner en juego su capital político e impulsar una
reforma estructural del código laboral con cambios que se basan en cuatro
pilares: a) descentralizar y promover negociaciones directas entre empleadores
y empleados del sector pyme (55% de la fuerza laboral), b) facilitar la
migración de trabajadores entre empresas y sectores económicos, c) ampliar el
seguro por desempleo, extendiéndolo hacia trabajadores autónomos y asalariados que
voluntariamente dejan su empleo para buscar otro, y d) promover un mejor diseño
e implementación del sistema de capacitación y formación laboral.
De manera vertiginosa emergen nuevos productos que destruyen viejas
empresas y modelos de negocio, y nacen nuevos puesto de trabajo mientras que
otros son reemplazados por penetrantes procesos automatización
Estos
cambios configuran un claro ejemplo de los nuevos paradigmas en materia de
políticas laborales, en las cuales el concepto de flexiguridad (o flexiseguridad)
pretende dar un marco adecuado para los tiempos que corren. Francia busca una
reforma que promueva mayor flexibilidad para las empresas, conviviendo con una
mejor cobertura de riesgos ante episodios de desempleo y una política de
capacitación que promueva la reinserción. La estrategia pasa por proteger a los
trabajadores con seguros de desempleo de amplia cobertura y con mejor
capacitación, y no con regulaciones laborales rígidas que atentan contra el
crecimiento.
El
panorama local
La
discusión francesa permite trazar ciertos paralelismos con los desafíos que
enfrenta Argentina. Nuestro país posee una legislación laboral rígida, que
discrimina a ciertas categorías de trabajadores (con bajos niveles educativos y
jóvenes), quienes enfrentan no sólo mayor desempleo sino también elevadísimas
tasas de informalidad.
Nuestros
niveles de rigidez laboral están por encima del promedio de América Latina y
países de la OCDE. Los principales desfases se relacionan con la ausencia de
regímenes de trabajo temporario, y la existencia de sistemas centralizados a
nivel sectorial en las negociaciones colectivas, donde los mismos acuerdos
rigen para empresas grandes y pymes. Ambos aspectos limitan el rendimiento de
la economía y el potencial de crecimiento ocupacional formal.
Por
otro lado, a pesar de contar con el mayor gasto social de América Latina (29%
del PIB) existen déficit en la protección ante el desempleo y en las políticas
activas de formación para el trabajo.
Francia busca una reforma que promueva mayor flexibilidad para las
empresas, conviviendo con una mejor cobertura de riesgos ante episodios de
desempleo y una política de capacitación que promueva la reinserción
El
seguro por desempleo en Argentina no alcanza a cubrir siquiera el 10% del total
de desocupados, y su monto representa apenas 25% de la canasta básica total. A
su vez, el gasto social focalizado en capacitación y formación resulta
sensiblemente menor que el promedio de la región. Según la OECD, América Latina
gasta 1,3 puntos del PIB en acciones de capacitación mientras que Argentina
gasta apenas 0,5%. Por otro lado, este tipo de acciones exigen un elevado nivel
de coordinación y previsión de las habilidades requeridas en el mercado de
trabajo, aspectos no siempre contemplados en el diseño de estas políticas.
Contrariamente, el 75% del gasto nacional en políticas laborales activas
financia programas de empleo público, como Argentina Trabaja que contará pronto
con más de 250.000 beneficiarios.
En definitiva,
es momento oportuno de repensar prioridades y estrategias en la política
laboral. La discusión de estos temas configurará un aspecto central para que
Argentina capitalice las oportunidades de los tiempos que corren.
Fuente: El
Economista
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