En un congreso organizado por la UART, la entidad llamó a “disminuir drásticamente el peso de la excesiva judicialidad por accidentes de trabajo”
El hotel Sheraton de
Retiro, donde se desarrolló el 7º Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional,
organizado por la Unión de Aseguradores de Riesgos del
Trabajo (UART), fue el escenario que montó la entidad para plantear “los
principales desafíos que enfrenta la actividad y que impactan en la
productividad argentina: disminuir drásticamente el peso de la excesiva
judicialidad por accidentes de trabajo y continuar con la implementación de
cada vez mejores metodologías de trabajo seguro”. En ese marco, reclamaron la
adhesión de las provincias a la Ley de ART nacional.
Mara Bettiol, presidente
de UART, consideró que hubo un crecimiento desmedido de la judicialidad que se
mostró impermeable a todo tipo de mejoras en términos de baja de
siniestralidad, aumento de prestaciones y de servicios. Por eso, aseguró
que la distorsión llegó a niveles tales que su resolución a través de la
nueva Ley nacional de ART, sancionada en febrero, consiguió el difícil acuerdo
de oficialismo, oposición, empresarios y sindicatos. Y sostuvo que su reciente
implementación comienza mostrar los primeros resultados positivos cuantitativos
y cualitativos.
“En CABA, donde tuvo
aplicación inmediata, el número de notificación de nuevas demandas se redujo
24% entre agosto 2017 contra el mismo mes de 2016. A nivel país, el incremento
en estos 8 meses fue de 15%, evidenciando una tendencia a la baja”, dijo Bettiol.
También destacó que también en la Justicia comienza a verificarse un cambio de
criterio al acompañar las definiciones de la normativa y se mostró esperanzada
en que estos indicios marcan que “el futuro del sector será mejor que el pasado
reciente”.
En CABA, donde tuvo aplicación inmediata, el número de
notificación de nuevas demandas se redujo 24% entre agosto 2017 contra el mismo
mes de 2016
Guillermo
Arancibia, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT),
expresó la posición oficial sobre el tema. “La litigiosidad evita la creación
de nuevos puestos de trabajo”. Y confirmó, al igual que Bettiol, que el nuevo
sistema comienza a mostrar resultados positivos. “De los mil casos que pasaron
ya por la Comisiones Médicas de CABA, 85% llegó a acuerdos, y fueron
homologados. Ya empieza a verse lo mismo en Córdoba, todavía la única
provincia adherida”.
Agregó que sería
importante la pronta adhesión de todas las demás provincias y en especial
de Buenos Aires, jurisdicción en la que ya funcionan 7 comisiones médicas
en diferentes localidades y muchas más en proceso de habilitación y en donde se
están concentrando muchas demandas en los últimos meses. Resaltó el “consenso
generalizado” sobre la necesidad de disminuir la litigiosidad y aumentar la
prevención. Llamó a que todos los sectores sigan trabajando conjuntamente en la
resolución de estos temas “porque es la manera de conseguir resultados”.
Prevención
Más tarde, se
debatió acerca de la nueva Ley de Prevención, que próximamente
llegará al Congreso. Un panel integrado por el Dr. Pedro Taddei, jefe
de Gabinete de asesores de la SRT, el Dr. Julio Cordero por la
UIA y la Dra. Marta Pujadas en representación de la UOCRA,
acercó visiones y posiciones sobre el tema, con la coincidencia total en que la
prevención es la base del sistema y en que el Consejo Consultivo Permanente es
un órgano eficiente para el tratamiento de la nueva Ley.
“La prevención es
objetivamente la única justificación que tiene el Sistema de Riesgos de Trabajo-
sostuvo Taddei. Necesitamos que esta nueva ley sea lo más abarcativa posible,
que defina las herramientas y los parámetros que van a implementarse”. Por
su parte, Cordero sostuvo que nadie puede oponerse a una ley de Prevención pero
alertó respecto de no excederse en la regulación y que la misma sea
efectivamente aplicable, para que no derive únicamente en sistema de
inspecciones y multas. Mientras que Pujadas pidió que la Ley establezca reglas
claras para las partes y resaltó la importancia de que la misma sea fruto del
diálogo. Además, solicitó la creación de un sistema de clearing de prestaciones
entre las obras sociales y las ART.
Fuente: El Economista
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